Sentencia tc no.016813 del 23 de septiembre del 2013

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Published on April 3, 2014

Author: juanvicentet

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Sentencia con vicios de orden sustancial y procesal, acto judicial contrario a los derechos humanos, al bloque de constitucionalidad y a las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA Área de Ciencias Sociales y Humanidades Carrera de Derecho SEDE: SANTIAGO, R. D. TEMA: Lectura Crítica de la Sentencia del Tribunal Constitucional Exposición para cumplir con los requisitos del TERCER PARCIAL de la asignatura “DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: DER-360-002”. TEXTO ANALIZADO: “Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013 ” ESTUDIANTE: Juan Pablo Vicente Tineo, 1-01-3483. Santiago de Los Caballeros República Dominicana Marzo, 2014

2 INTRODUCCIÓN Alcance La presente exposición resulta de una lectura crítica, en la forma y en el fondo, de la Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013. Se trata de una sentencia en la que los jueces del voto mayoritario y los jueces del voto disidente debaten antagónicamente el derecho a la nacionalidad de la recurrente, y el efecto retroactivo e inter communis de la misma. Los jueces del voto mayoritario fundan su tesis en la privación de la nacionalidad, en virtud de la excepción constitucional de “hijos de extranjero en tránsito”, conforme al “margen de apreciación”. Mientras que los jueces del voto disidente critican que la figura excepcional de “hijos de extranjero en tránsito” es un error de calificación jurídica, y que la nacionalidad no depende del estatus migratorio de los padres de una persona, sino más bien, del jus soli, referente al derecho a la nacionalidad por el hecho de haber nacido en el territorio dominicano y del hecho de haber sido inscrita en el Registro Civil, que reconoce el nombre propio, y la personalidad jurídica (vida civil) como derechos inherentes a la nacionalidad. Los jueces del voto disidente y la opinión pública nacional e internacional denuncian que la sentencia está afectada por vicios de orden procesal y sustancial, que violan las reglas de competencia del derecho interno, los principios del bloque de constitucionalidad y los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, relativos al jus cogens y a las obligaciones ergas omnes derivadas del “pacta sunt servanda” y consagradas en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Dominicano.

3 Metodología Para realizar la presente exposición, se ha empleado la investigación bibliográfica y documental, basada en la revisión precisa de datos e informaciones contenidos en las fuentes bibliográficas y digitales consultadas. El método utilizado es el método analítico-sintético*1 , en primer orden, consistente en descomponer y analizar el contenido textual en sus elementos constitutivos, a fin de conseguir el conocimiento del todo mediante el previo conocimiento de las partes que lo componen, y en segundo orden, consistente en sintetizar y componer un nuevo texto razonado como resultado del previo análisis de las partes constitutivas del texto objeto de estudio. La técnica empleada es la lectura crítica*2 , consistente en leer, examinar, evaluar y criticar constructivamente los puntos meritorios del contenido de texto objeto de estudio, a través de la información o ideas ofrecidas por los autores. Esta técnica se utiliza para analizar comentar cualquier tipo de texto u obra escrita. Aplicabilidad Este método es aplicable en el análisis y síntesis de cualquier escrito o contenido textual, ya sean, libros, revistas, informes técnicos, normas jurídicas, decisiones judiciales, monografías y tesis de doctorados. Antecedentes A los fines de cumplir con los requisitos del SEGUNDO PARCIAL de la Asignatura “DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: DER-360-00”, se ha procedido a desarrollar la presente exposición sobre el tema de referencia. 1 Mans Puigarnau, Jaime M. (2005). “Lógica Para Juristas”. Editorial Bosch. Pág.142. 2 CRITICAL READING: Wainwright, Gordon R. (1972). “How to Read Master and Remember More”. (Trad. ‘Cómo Leer Más Rápido y Recordar Más ’, 2013). Canada: COLES. Page:70.

4 Lectura Crítica de la Sentencia del Tribunal Constitucional Análisis de Forma Este análisis consiste verificar los elementos de forma que estructuran la Sentencia objeto de estudio. La sentencia se estructura formalmente como se ilustra a continuación: Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013. Expediente No.TC-05-2012-0077 Materia Revisión Constitucional y Amparo. Recurrente Juliana Dequis (Deguis) Pierre. Recurrida Junta Central Electoral. Sentencia Recurrida Sentencia No.473/2012 del 10 de julio del 2012. Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata. Jueces Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez, e Idelfonso Reyes, Jueces. Estructura de la Sentencias 1.-Antecedentes (Hechos y Argumentos Jurídico): Teoría Fáctica del Recurrente y Defensa del Recurrido, Elementos Probatorios. 2.-Consideraciones y Fundamentos: Razones de Hechos y de Derecho. 3.-Dispositivo. Voto Disidente Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez. En cuanto a la forma, la Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013 está conforme con los requisitos exigidos por la Ley No.137-11 sobre Procedimientos Constitucionales (Arts.83, 88 y 89), y supletoriamente por el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil. La conformidad con las Reglas de la Forma, ha sido verificada porque la Sentencia contiene: 1) Los Nombres de los Jueces; 2) Las Partes Recurrente y Recurrida; 3) Los Conclusiones de las Partes: Teoría Fáctica de la Parte Recurrente y Defensa de la Parte Recurrida; 4) La Exposición Sumaria de los Hechos y del Derecho; 5) Fundamentos o Motivación; 6) Y el Dispositivo. La Mínima Violación a las Reglas de la Forma ha sido verificada, toda vez que la sentencia, en su dispositivo, dispone, exhorta y comunica medidas, para ser ejecutadas por la Dirección General de Migración (Cuarto), el Poder Ejecutivo (Séptimo), el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Consejo Nacional de Migración (Octavo), sin que éstos fueren partes del proceso.

5 2.-Análisis de Fondo En cuanto al fondo, la Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013 está afecta de una gran cantidad de vicios o errores de derechos de índole procesal y sustancial, y además, es contraria a los principios y deberes generales que constituyen el Bloque de Constitucionalidad Dominicano. 2.1).-Debate sobre el Concepto de Nacionalidad La parte recurrente, la parte recurrida, los jueces del voto mayoritario y los jueces del voto disidente, debaten el concepto de nacionalidad, conforme a las normativas del derecho interno, del bloque de constitucionalidad y de la jurisprudencia nacional e internacional. Los jueces del voto mayoritario, en sus consideraciones y argumentos, establecen su criterio en torno a la Competencia de Reglamentación del Régimen de Nacionalidad en el ordenamiento jurídico interno y en el ordenamiento jurídico internacional. Para los jueces del voto mayoritario, la Nacionalidad es el lazo jurídico, sociológico y político que une a una persona a un Estado, cuyas condiciones son definidas y establecidas por el propio Estado, considerando lo siguiente: a) Vínculo Jurídico: Referente a los derechos y obligaciones de naturaleza civil. Liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática. b) Vínculo Sociológico: Referente a un conjunto de rasgos históricos, lingüísticos, raciales y geopolíticos, entre otros, que conforman y sustentan una idiosincrasia particular y aspiraciones colectivas; c) Vínculo Político: Referente a los derechos de la ciudadanía, o sea, elegir y ser elegido para ejercer cargos públicos en el Gobierno del Estado. Los jueces del voto mayoritario y los jueces disidentes debaten de forma antagónica los criterios tradicionales de adquisición y de reconocimiento de la nacionalidad. Entre esos criterios, puntualizan y analizan los siguientes: 1) Jus Soli: Criterio doctrinal que se refiere al “derecho del suelo”, según el cual toda persona nacida en un territorio adquiere la nacionalidad de ese país. El derecho del suelo determina la nacionalidad del individuo en razón del lugar de su nacimiento. 2) Jus Sanguinis: Criterio doctrinal que se refiere al “derecho de sangre”, según el cual toda persona nacida en un territorio extranjero adquiere la nacionalidad de sus padres biológicos. El derecho de sangre determina la nacionalidad del individuo en razón de la nacionalidad de sus padres biológicos. 3) Jus Legis: Criterio doctrinal que se refiere al “derecho legal”, según el cual toda persona extranjera adquiere la nacionalidad de un Estado extranjero por naturalización. Se trata de adquirir la nacionalidad por la vía legal de la naturalización.

6 4) Jus Apatridia: Criterio doctrinal que se refiere al “derecho de apátrida”, según el cual una persona adquiere la nacionalidad del Estado donde se encuentre por la circunstancia de ser “apátrida de jure” o “apátrida de facto”. Los jueces del voto mayoritario desconocen el Jus Soli basándose en la excepción constitucional de “hijos de extranjeros en tránsito o residentes ilegales en el territorio dominicano” (Art.18.3), y en el Jus Sanguinis para constreñir a la recurrente a procurar la nacionalidad haitiana. Para lo cual los jueces del voto mayoritario, se enfocan en establecer la reglamentación migratoria, en torno a las leyes sustantivas y adjetivas, del modo siguiente:  Congreso Nacional, en su función legislativa. (Carta Magna de 1966, Art.37 numeral 9, potestad vigente en la Carta Magna 2010).  Control del Flujo Migratorio y la figura de extranjero en tránsito: Dirección General de Migración (Art. 2, Ley de Migración No.95 del 14 de abril de 1939, Derogada). Los jueces del voto mayoritario, se enfocan en las condiciones para otorgar la nacionalidad, conforme a la Jurisprudencia Internacional y Tratados Internacionales, estableciendo los siguientes criterios: 1) Vínculo Jurídico*3: Basado en el arraigo social y efectos dentro del sistema legal del Estado que la confiere. Corresponde al los Estados Soberano resolver a través de su propia legislación las reglas relativas a la adquisición de su nacionalidad. 2) Dominio Reservado*4 o competencia exclusiva del Estado*5 ; Relativa al derecho interno de cada Estado*6 ; Plena soberanía a los Estados para determinar las reglas de adquisición y/o pérdida de la nacionalidad dentro de sus respectivos territorios.*7 Por otra parte, los jueces del voto disidente sostienen que la recurrente ya tenía reconocida su nacionalidad, por estar inscrita en el Registro Civil, que le reconoce su personalidad jurídica y su derecho al nombre, e intangiblemente, su nacionalidad. Además, por aplicación inmediata de la Constitución Dominicana del 2010, el derecho de nacionalidad reconocido en su acta de nacimiento, se encuentra protegido en el artículo 18.2 de dicha Carta Magna, al establecer: “Art.18.-Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos: 2) Quienes gocen de nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Es en esta tesitura que el exponente respalda el Voto Disidente de los jueces, puntualizando que ciertamente la recurrente tenía reconocida su nacionalidad dominicana, su nombre y su 3 Corte Internacional de Justicia (sucesora de la Corte Permanente de Justicia Internacional), en su sentencia sobre el conocido caso Nottebohm. Arraigo Social: Solidaridad efectiva de existencia, de intereses, de sentimientos, junto a una reciprocidad de derechos y deberes. 4 Corte Permanente de Justicia Internacional, en su Opinión Consultiva sobre los Decretos de Nacionalidad en Túnez y Marruecos. 5 Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), del 20 de febrero de 1928. Res. Del Congreso del 3 de diciembre de 1929. Art.9. 6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del caso Castillo Petruzzi y otros c. Perú. 7 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

7 personalidad jurídica, al momento de inscribirse en el Registro Civil, que es el registro oficial que reconoce la VIDA CIVIL de una persona, la cual incluye intangiblemente el derecho a la nacionalidad, por ser un derecho congénito, inseparable e inherente a la persona humana. En los hechos y argumentos jurídicos de la Parte Recurrente, Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, en virtud del principio de efectividad, la recurrente se encuentra en un estado de indefensión, toda vez que fue despojada de su acta de nacimiento por la JCE, lo cual fue ignorado por el tribunal de amparo que debía tutelar los derechos fundamentales. Los derechos violentados son derechos inherentes a su persona (nacionalidad, personalidad jurídica y nombre). En los hechos y argumentos jurídicos de la Parte Recurrida, Junta Central Electoral (JCE), se plantea que la recurrente fue inscrita en el Registro Civil de manera irregular, figurando como hija de nacionales haitianos, y en franca violación a la constitución vigente a la fecha de la declaración. La nacionalidad es un aspecto de la soberanía nacional, discrecional de los Estados, la cual es concebida como un atributo otorgado por estos a sus nacionales y cuyo alcance, por tanto, no puede ser definido por la voluntad de un juez ordinario. La determinación de la nacionalidad es un asunto de derecho interno que corresponde a cada estado, como expresión de su soberanía nacional. La Junta Central Electoral instruyó a los Oficiales del Estado Civil a examinar muy particularmente las Actas de nacimiento recibidas en violación del artículo 11 de la Constitución de la República, en el sentido de que se recibieron declaraciones (como en el caso de marras) de hijos de extranjeros que se encontraban de tránsito en la República Dominicana, por lo que, era necesario que las personas beneficiarias de tales irregularidades, probaran la condición de residentes legales en la República Dominicana, y que, de no aportar pruebas de estatus legal o residencia legal en el país remitieran el caso a la Junta Central Electoral, para conocer del mismo y determinar, de acuerdo con la Ley, por lo que los oficiales tienen que abstenerse de expedir copias de actas irregulares. La Convención Internacional sobre Derechos Humanos, del veintidós (22) de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969) establece, en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, la cual pudiera ser la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, “si no tiene derecho a otra”; y que el derecho internacional establece y reconoce que el Estado no está obligado a otorgar su nacionalidad a los nacidos en su territorio, si estos tienen derecho a adquirir otra, según el criterio recalcado históricamente por nuestra Constitución. El sistema de adquisición de la nacionalidad de la República Dominicana no se encuentra basado en el ius soli o en el ius sanguinis, sino que se trata de un sistema mixto en el que se conjugan y complementan ambos sistemas […], por lo que es más fácil aprovecharse de una debilidad del sistema en un momento y obtener una inscripción fraudulenta que seguir los pasos que establece la ley para que un extranjero obtenga su nacionalidad, conforme al artículo 3, numerales 1 y 2, de la Ley No.1683 del 21 de abril de1948.

8 La nacionalidad es una cuestión de orden público que corresponde al Registro Civil de cada país su conservación, corrección y salvaguarda, otorgando la legislación de la República Dominicana dichas funciones a la JCE, funciones con rango constitucional con la inserción del artículo 212 de la Constitución Política de la República Dominicana proclamada el veintiséis (26) del mes de Enero del año dos mil diez (2010). Las facultades reglamentarias validan las facultades de la JCE para retener las Actas de Nacimiento cuyas irregularidades sean notorias y exigir a los beneficiarios de las mismas que demuestren tener la calidad que exige nuestra legislación para poder comparecer ante los Oficiales del Estado Civil. La jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo, ratificada por la Suprema Corte de Justicia, ha sostenido que todas las actas emitidas por oficiales del estado civil están bajo el escrutinio de los organismos superiores o judiciales, y que ordenarles a estos abstenerse de expedir actas a su cargo no viola disposiciones legales ni constitucionales. 2.2.-Criterio Doctrinal y Jurisprudencial de la Naturaleza Jurídica de la Nacionalidad En este apartado, se analiza y se sintetiza cómo los expertos en materia de derecho a la nacionalidad, el Doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez y Juez Antônio Augusto Cançado Trindade, abordan los conceptos, el alcance, la naturaleza jurídica, y la regulación de la nacionalidad. 2.2.1).-Naturaleza, Titularidad y Ejercicio del Derecho a la Nacionalidad*8 . Conforme a la doctrina latinoamericana, el derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental, universal, y de carácter inherente a la persona, consagrado en la CADH (Art.20). La regulación constitucional del derecho a la nacionalidad en América Latina. En la escena latinoamericana, el derecho a la nacionalidad es reconocido por la totalidad de los países. Dicho reconocimiento varía en cuanto al grado de flexibilidad o rigidez de los requisitos establecidos por cada Constitución. Los Criterios Tradicionales para Determinar la Nacionalidad son: 1. Jus Soli: Derecho a la Nacionalidad por nacimiento en el territorio del Estado. 8 Marcos Francisco del Rosario Rodríguez. El derecho a la nacionalidad. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana (México). Profesor titular de posgrado de la Universidad de La Sabana (Colombia). Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana (México). Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N0 1 81. www.revistaidh.org.

9 2. Jus Sanguinis: Derecho a la Nacionalidad por descendencia sanguínea o por el vínculo sanguíneo de los ascendentes. 3. Jus Legis: Derecho a la Nacionalidad por la vía legal o naturalización o legal. Los sistemas constitucionales han reservado a las autoridades competentes, un margen de potestad para determinar los requisitos necesarios para la adquisición de la nacionalidad a través de la naturalización, así como para las modalidades para poder ejercer el derecho a la nacionalidad por nacimiento. Algunos países cuentan con sistemas constitucionales que regulan la pérdida de la nacionalidad, mientras que otros, como la República Dominicana, simplemente privan a sus nacionales de ella, ya sea deportándolos o despojándoles de sus documentos de identidad. La figura de pérdida de la nacionalidad prevista por el texto constitucional y la privación arbitraria de la nacionalidad son medidas contrarias a los principios de la CADH. Es por esto, que la pérdida de la nacionalidad, emanada de un acto legislativo, administrativo o judicial, aunque el texto constitucional o legal lo prevea, es contraria a la normatividad de la CADH. El derecho a la nacionalidad posee un gran margen de discrecionalidad o potestad en su regulación, limitación y aplicación para los Estados, como encargados de su protección y vigencia. A los Estados se les prohíbe privar arbitrariamente la nacionalidad de las personas. La naturaleza jurídico-política de la nacionalidad permite la regulación normativa estatal. El derecho a la nacionalidad, como derecho político, es considerado estratégico para preservar los valores nacionales relacionados con el vínculo étnico, lingüístico y cultural. El proteccionismo, característica del nacionalismo, privilegia a los nacionales nacidos en el territorio y a los nacidos bajo un vínculo sanguíneo, por encima de los extranjeros que tuviesen la intención de adquirir la nacionalidad por vía legal (naturalización). Los fenómenos como el multiculturalismo, la globalización, regionalismo e inmigración, han influido en el establecimiento de criterios y condiciones para ejercer el derecho a la nacionalidad, lo que ha motivado a los Estados a reservarse los requisitos de concreción para la adquisición de la nacionalidad. La dimensión política del derecho a la nacionalidad, no depende en su totalidad de la realidad existencial del hombre, sino de un margen potestativo de los Estados, que conforme a los lineamientos abstractos expresados en el artículo 20 de la CADH, se encuentran facultados para regular ampliamente el cómo y cuándo del acceso al estatus de nacional. La dimensión política del derecho a la nacionalidad condiciona necesariamente la titularidad y el ejercicio de otros derechos fundamentales de esta misma índole (derechos políticos–electorales), los cuales requieren de forma sine qua non que la persona que pretenda ejercerlos, posea el estatus de nacional, pues de lo contrario será imposible ejercerlos.

10 El derecho a la nacionalidad, como derecho madre o matriz, condiciona el ejercicio de los derechos político-electorales, sin importar que éstos sean fundamentales, inalienables y de vigencia e intangibilidad parciales. El derecho a la nacionalidad reconocido en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que siendo universal, la titularidad de dicho derecho la ostenta toda persona por el hecho de serlo, es decir, que no hay ningún tipo de condición necesaria que deba cumplirse para su vigencia. Es oportuno señalar la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. La nacionalidad es un presupuesto condicional para que exista la ciudadanía. La calidad de ciudadano no es inherente al hombre, ya que no posee las características de inalienabilidad y universalidad. Por tanto, la titularidad del estatus de ciudadano puede circunscribirse perfectamente al cumplimiento de determinados requisitos y supuestos. La nacionalidad condiciona a la ciudadanía, pues sin esta es imposible adquirir el estatus de ciudadano; ya que todo ciudadano requiere ser nacional del Estado al cual pertenece o se encuentra vinculado para hacer efectivas las prerrogativas que le corresponde conforme dicho estatus. Como consecuencia de esto, sin el vínculo político de ciudadano es imposible el desarrollo de los derechos políticos y electorales. La violación al derecho de la nacionalidad implica la violación de derechos fundamentales inherentes a ella, como son el derecho al nombre, a la igualdad y a la personalidad jurídica. La falta de nacionalidad implica la falta de estatus jurídico y de personalidad jurídica, debido a la privación del registro del nombre en el Registro Civil, lo que a su vez, implica una incertidumbre jurídica. Según Marshall, la ciudadanía es el estatus omnicomprensivo y presupuesto común al que se asocian ex lege todos los derechos (derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales). La negación de la nacionalidad afecta diversos derechos fundamentales que le son inherentes, construyendo un daño inmaterial derivado de la afectación del nombre de la persona como ser social y de condiciones particulares de orden social, cultural, religioso y psicológico. El poder potestativo del Estado para regular las formas y requisitos de adquisición de la nacionalidad se basa en una discrecionalidad de otorgar o no la nacionalidad, regida y limitada por las disposiciones del artículo 20 de la CADH. Cuando un Estado, por actos sub–lege, o legales, incurre en omisiones o en contradicciones con los supuestos normativos, del artículo 20 de la CADH, dichos actos serán inválidos a la luz del control de convencionalidad, ejercido por la Corte Interamericana. 2.2.2).-Voto Razonado del Juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el caso de las Niñas Yean y Bosico versus República Dominicana La nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de otros derechos, como los derechos políticos, el derecho de acceso a la educación y el derecho a la salud, entre tantos otros. La violación del derecho a la nacionalidad implica la violación de la personalidad jurídica y del nombre.

11 Mediante la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las Niñas Yean y Bosico versus República Dominicana (Serie 130), es la primera vez en su historia que la Corte Interamericana se pronuncia, en la resolución de un caso contencioso, sobre el derecho a la nacionalidad bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sentencia constituye una oportuna advertencia para la prohibición, teniendo presentes los deberes generales de los Estados Partes en la Convención Americana, de prácticas administrativas y medidas legislativas discriminatorias en materia de nacionalidad. La materia de la nacionalidad, por su naturaliza intrínseca, no pertenece al dominio reservado del Estado (*9 ), dado que es un asunto relativo y dependiente de las relaciones internacionales, conforme al obiter dictum del locus classicus. El derecho a la nacionalidad ha sido substraído del dominio reservado del Estado, siendo colocado en plano del orden jurídico internacional, pues la nacionalidad se considera desde la óptica de la pura discrecionalidad estatal, y desde la incidencia de principios y deberes generales del derecho internacional, como el deber de protección. La propia organización de la comunidad internacional presupone que la condición normal de todos los individuos es tener una nacionalidad, y que la apatridia representa una anomalía con consecuencias desastrosas para los afectados. El derecho internacional, el jus gentium, comprende a los Estados y a los individuos (titulares de derechos y portadores de obligaciones). En el derecho internacional clásico, el régimen de la nacionalidad pasó a regirse por los principios básicos del jus soli y del jus sanguinis (a veces de forma mixta), permitiendo proteger derechos inherentes al individuo (dominus litis para buscar protección). La razón de ser del Estado se encuentra en principios básicos como el principio de la inviolabilidad de la persona humana. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que, en el derecho interno, la adquisición de la nacionalidad es una cuestión de orden público y con principios y deberes del derecho internacional, que condiciona y reglamenta las relaciones entre los individuos y el Estado, mediante el reconocimiento y la observancia de derechos y deberes recíprocos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos desnacionaliza la protección (vinculum juris, protección diplomática), para convertirla en protección internacional de los derechos humanos. La protección internacional se divide en: 1. Protección Imperativa: Protección de los derechos humanos, basada en la obligación general de los Estados Partes en los tratados de respetar y asegurar el respeto de los derechos protegidos, en beneficio de todos los individuos bajo sus respectivas jurisdicciones, independientemente del vínculo de nacionalidad. 2. Protección Discrecional: Protección diplomática de la nacionalidad efectiva como vinculum juris. A pesar de los avances normativos, persisten lamentablemente las causas de apatridia, como privación arbitraria de la nacionalidad, conflictos de leyes, leyes atinentes al matrimonio, 9 Dominio Reservado: Doctrina tradicional y estatocéntrica. Competencia exclusiva del Estado. Competencia nacional exclusiva. Potestad estatal ilimitada, voluntad estatal exclusiva, interés único del Estado, y teoría contractualista (una variante del voluntarismo).

12 situación de niños no-registrados y abandonados, prácticas administrativas discriminatorias, entre otras. Existen dos tipos de apartidas: 1. Apátridas de jure: Los incapaces de demostrar su nacionalidad. 2. Apátridas de facto: Los desprovistos de una nacionalidad efectiva, por confiscación o destrucción de sus documentos. 2.3).-Sentencia TC/0168/13 del 23 de Septiembre del 2013 Versus Sentencia sobre Caso de las Niñas Yean y Bosico VS. RD del 8 de Septiembre del 2005 La Sentencia TC/0168/13 del 23 de Septiembre del 2013 contradice el criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia sobre Caso de las Niñas Yean y Bosico VS. RD del 8 de Septiembre del 2005. La Sentencia TC/0168/13 del 23 de Septiembre del 2013 priva arbitrariamente de la nacionalidad dominicana a miles de domínico-haitianos y reglamenta jurisprudencialmente medidas administrativas y legislativas discriminatorias y violatorias a los derechos humanos. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció en la Sentencia Caso de las Niñas Yean y Bosico VS. RD del 8 de Septiembre del 2005, que la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un individuo con un Estado. Se trata de un derecho fundamental inderogable de la persona humana, y consagrado en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales. La nacionalidad es importante porque, como vínculo jurídico-político que liga la persona a un Estado determinado, permite adquirir y ejercer derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. La nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos (CADH Arts.20 y 27, Sentencia Párrafos 136-137). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, p.156-157) consideró que el “derecho a la nacionalidad de los hijos de personas migrantes en la República Dominicana en relación con la norma constitucional pertinente y los principios internacionales de protección de los migrantes, la Corte considera que: a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos; b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron. ….La Corte observa que, para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito.”

13 El caso de las niñas “Yean y Bosico vs. República Dominicana”, resuelto por la CIDH mediante sentencia fechada el 8 de septiembre de 2005, desarrolla los alcances y contenidos del derecho a la nacionalidad. Es una sentencia interpretativamente rica. La negación del registro de una persona en el Registro Civil implica la violación del derecho a la nacionalidad, al nombre, a la personalidad jurídica, y a la dignidad personal. Tal violación coloca a la persona en un estatus continuo de apatridia, de discriminación, de ilegalidad y de vulnerabilidad social. Conforme al artículo 1, del capítulo I, de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, se entiende por apátridas: a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. 2.4).-Vicios Procesales y Sustanciales que Afectan la Sentencia Por otra parte, los jueces del voto disidente defienden su postura denunciando que los jueces del voto mayoritario afectaron la sentencia, con vicios procesales y sustanciales, y con un error de calificación jurídica de la figura “extranjeros en tránsito” sustentada erróneamente en el “margen de apreciación”. Los jueces del voto disidente denuncian que la sentencia se encuentra afectada por los vicios siguientes: 1) Error de calificación jurídica de la figura “Extranjero en Tránsito”: 2) Errónea aplicación del “Margen de Apreciación”: 3) Violación a las reglas de la competencia y errónea aplicación del principio de “economía procesal”: 4) Violación a la regla de derecho internacional “Pacta Sunt Servanda” y al Bloque de Constitucionalidad, y al principio de Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso. 5) Violación al Facto-Superficial de la Acción Amparista: 6) Errónea aplicación del efecto “Inter Communis” y violación al principio de relatividad de la sentencia: 7) Errónea aplicación del efecto “Retroactivo”: 8) Contradicción de Motivos y Dispositivo: 9) Errores Sustanciales: Toda vez que revistió una sentencia amparista en una sentencia con efectos definitivos, irrevocables y vinculantes. Estos vicios han sido resaltados, en los medios de comunicación, por las oposiciones públicas de los organismos defensores de los derechos humanos. El exponente se adhiere a la posición de los jueces del voto disidente y resalta otros vicios que afectan la sentencia, en el siguiente apartado.

14 2.5).-Argumentos del Exponente: El exponente amplía vicios analizados en los apartados anteriores, observando y precisando los siguientes: 1) Violación al principio de inmutabilidad del proceso y del principio dispositivo o de justicia rogada, en relación con el efecto “inter comunnis” de la sentencia. 2) En los Ordinales del Tercero al Séptimo, el Tribunal violó la inmutabilidad del proceso, disponiendo al Poder Ejecutivo (Dirección General de Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional de Migración, Ministerio de Interior y Policía, sin ser partes del proceso) la entrega a la recurrente de un permiso especial de estadía temporal y la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales Radicados en el País, y violando los principios constitucionales de ESTADO DE DERECHO y de SEPARACIÓN O INDEPENDENCIA DE LOS PODERES PÚBLICOS (Art.7, Carta Magna 2010). 3) En los Ordinales Segundo al Séptimo, el Tribunal Constitucional incurre en la violación del principio de irretroactividad (Art.110 Carta Magna 2010) y la violación del principio de favorabilidad (Art.7.5 Ley 137-11, Art.18.2 Carta Magna), en relación con la errónea aplicación ultractiva de una disposición constitucional derogada (Carta Magna de 1966), existiendo una disposición vigente más favorable, y la aplicación retroactiva de la Ley General de migración No.285-4, del 2013 hasta 1929, en perjuicio de todos los nacimientos de domínico-haitianos registrados en el Registro Civil, lo que reviste la sentencia en UN ACTO JUDICIAL DISCRIMINATORIOS, por razones de raza y por el estatus migratorios de los padres de los domínico-haitianos. El Tribunal debió reconocer la nacionalidad de la recurrente, en virtud del Artículo 18.2 de la Constitución del 2010, pues, ya la misma contaba con su nacionalidad. 4) En los Ordinales Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo, el Tribunal Constitucional aplica ultractivamente una norma constitucional derogada hasta el 2013, y establece retroactivamente medidas ordenadas por la Ley General de Migración No.285-04 del 2004 hasta 1929, lo que contradice los motivos expuestos y el dispositivo de la sentencia, violando a la vez, el principio de favorabilidad y de irretroactividad. Peor aun, el Tribunal otorga el efecto “Inter Communis o erga omnes” a la sentencia, extendiendo sus efectos a todos los casos similares, que implica a todos los nacionales haitianos que se encuentren en esa situación, sin importar que no hayan sido partes del proceso. Esto convierte a la sentencia en un ACTO JUDICIAL DISCRIMINATORIOS en razón de la raza haitiana y del estatus migratorios de los padres de los domínico-haitianos. Violación al principio dispositivo y de relatividad de la sentencia, ya que toda sentencia sólo surte efectos “inter partes”. 5) Contradicción Manifiesta en dispositivo: En el ordinal segundo, el Tribunal Constitucional rechaza en cuanto al fondo el recurso de revisión, pero no se declara auto-apoderado de la acción de amparo, ni tampoco se declara competente para

15 conocerla. Peor, establece que la recurrente al ser hija de “extranjero en tránsito”, está privada de su nacionalidad, conforme a una norma constitucional derogada. En el Ordinal Tercero, pone en duda la validez del Acta de nacimiento, y ordena la restitución de la misma, para que sea sometida al tribunal competente. Violación al principio “In dubio pro Subjúdice” (La duda favorece al justiciable), y a las siguientes reglas: a) “Iudex, semel sententia dicta, desinit esse iudex” (Pronunciada la sentencia, luego el juez queda desapoderado). Una vez fallado el recurso de revisión, el Tribunal Constitucional quedó desapoderado. b) “Electa actione altera no competit” (Elegida una acción, no compete otra). Una vez rechazó el recurso de revisión, el Tribunal Constitucional se desapoderó del recurso, y debía devolver el expediente al tribunal competente. “Electa una vía, no datar recursos ad aliam” (Elegida una vía, no se da curso da recurso a otra”. Fallado el recurso de revisión, el Tribunal constitucional no debía darle curso al recurso de amparo. c) Violación a las reglas de competencia, en relación con los principios: “Ratione Domicilii, Ratione Loci, Ratione Materiae, y Ratione Personae”: La competencia del juez natural de una acción tutelar o amparista es determinada por la materia, el lugar, y el domicilio de la persona justiciable. El juez competente para la acción de amparo por acciones y omisiones administrativas es el Tribunal Superior Administrativo, y para la validez o nulidad de los actos del estado civil, es el Tribunal de Primera Instancia del lugar donde se instrumento el acto. d) Violación a la regla “Locus regit actum” (El lugar rige el acto): El acto del estado civil se impugna en la jurisdicción civil donde se instrumento, por lo que el Tribunal Constitucional erró al valorar la regularidad del acta de nacimiento de la recurrente, lo cual era una asunto de legalidad y competencia del tribunal civil ordinario del lugar donde se registró el acto, mediante la acción de inscripción en falsedad (*10 ). e) “Sentencia debet esse conformis libello” (La sentencia debe ser conforme con la demanda). “Si judex pronuntiat extra petita, sentencia est ipso iure nulla” (si el juez pronuncia sentencia fuera de lo pedido, la sentencia es nula por el derecho mismo). La sentencia del Tribunal Constitucional es nula porque no se relaciona con la acción que lo apoderó, ni con lo pedido por las partes. f) Violación de la regla “nadie puede resultar afectado con su propio recurso”. El Tribunal constitucional agravó la situación de la recurrente, despojándola de la nacionalidad y constriñéndola a optar por la nacionalidad haitiana. 10 “… se impone admitir el principio de que las actas del estado civil se deben tener como fehacientes hasta inscripción en falsedad”. Sentencia No.23 del 22 de octubre del 2003. B.J. No.:1115.

16 2.6).-Relación de la Sentencia Viciada con Bloque de Constitucionalidad El exponente, tras relacionar la Sentencia analizada con el Bloque de Constitucionalidad Dominicano, observa y precisa que la misma viola los principios sustanciales y procesales del Derecho Interno y del Derecho Internacional General y Convencional, así como, del Bloque de Constitucionalidad Dominicano. La siguiente Tabla demuestra este tipo de violación: Bloque Constitucionalidad11 Sistema Constitucional Conjunto de Normas, Principios, y Precedentes Vinculantes para el Estado Objeto: Proteger los Derechos Fundamentales Composición: Dos Fuentes Normativas con Disposiciones de Igual Jerarquía 1. Ordenamiento Jurídico Internacional: Conformado por los Pactos y los Convenios Internacionales, y las Opiniones Consultivas y Decisiones de la CIDH**. 2. Ordenamiento Jurídico Nacional: Compuesto por la Constitución y la Jurisprudencia Constitucional. Determinan: Validez formal y material de toda la legislación adjetiva o secundaria Aceptación de la Competencia: 19 de febrero de 1999 El Estado Dominicano reconoce como obligatoria competencia de la CIDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la CADH. Obligación del Poder Judicial Aplicar las Disposiciones del Bloque como fuentes primarias de sus decisiones Principios No Discriminación, Igualdad Jurídica, Vinculatoriedad, Favorabilidad, Irretroactividad, Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Recurribilidad Inagravante, etc. La Sentencia analizada es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en especial a la sentencia del Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana del 8 De Septiembre de 2005, la cual establece: “155. La Corte considera necesario señalar que el deber de respetar y garantizar el principio de la igualdad ante la ley y no discriminación es independiente del estatus migratorio de una persona en un Estado. Es decir, los Estados tienen la obligación de garantizar este principio fundamental a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su estancia regular o irregular, su nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa…….156. De acuerdo con lo señalado, y en consideración del derecho a la nacionalidad de los hijos de personas 11 FUENTES: Resolución No.1920-2003 del 13-11-2003. Ley No.137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional (Arts.3, 7.3, 7.5, y 7.10). Constitución del 2010 (Art.18.2, 68, 69-9, 73, 93.g, 110). Convención Americana de Derechos Humanos (Arts.1, 2, 3, 18, 20, 24, 25, 29, 62.3, 63, 67, 68*. CIDH. Caso De Las Niñas Yean Y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia del 8 de Septiembre del 2005.

17 migrantes en la República Dominicana en relación con la norma constitucional pertinente y los principios internacionales de protección de los migrantes, la Corte considera que: a) el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos; b) el estatus migratorio de una persona no se trasmite a sus hijos, y c) la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad, en lo que se refiere a personas que no tendrían derecho a otra nacionalidad, si no adquieren la del Estado en donde nacieron.” El experto en la materia, Marcos Francisco del Rosario Rodríguez puntualiza: “Esta sentencia, sin duda es una de las más extensivas interpretativamente hablando, así como una de las más ricas argumentativamente, pues pone como base la negación por parte del Estado dominicano de reconocer el derecho a la nacionalidad de las menores, plasmando una verdadera pedagogía de cómo subsanar y reparar todos los derechos humanos quebrantados como efectos de dicha negación”. El exponente puntualiza que la Sentencia analizada constituye un acto judicial discriminatorio, y que se enmarca en medidas administrativas y legislativas discriminatorias, como las que se ilustran a continuación: Actos Legislativos, Administrativos y Judiciales Discriminatorios Medidas Administrativas 1.-Circular No.017 del 29 de marzo del 2007 de la JCE, que instruye a las oficialías del estado civil examinar con detenimiento las actas de nacimiento al expedir copias o cualquier documento relativo al estado civil de las personas. 2.-Resolución No.12-2007 de la JCE, que establece el procedimiento para la suspensión provisional de la expedición de actas del Estado Civil, viciadas o instrumentadas de manera irregular. 3.-Resolución No. 02-2007 del 18 de abril del 2007, sobre la “Puesta en Vigencia del Libro de Registro de Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera NO RESIDENTE en República Dominicana” o “Libro de Extranjería”. 4.-Circular No.32-2011 del 19 de octubre del 2011, Dictada por la Dirección de Registro Civil de la JCE, sobre expedición de actas de nacimiento en investigación, correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros. Medidas Judiciales 1) Sentencia del 14 de Diciembre del 2005, No. 9, B. J. No.1141. Declara conforme a la Constitución la Ley General de Migración. 2) Sentencia No. 473-2012 del 22 de mayo del 2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata. Que rechaza el recurso de amparo. 3) Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013. Que homologa judicialmente tales actos. Medidas Legislativas 1) Constitución del 2010. Excepción del Art.18.3, que versa sobre extranjeros en tránsito y extranjeros ilegales.

18 2) Ley General de Migración No.285-04. Que iguala a extranjeros en tránsito y extranjeros ilegales. 3) Reglamento No.631-11 del 19 de octubre del 2011, para la aplicación de la Ley No.285-04. 4) Decreto No.327-13 del 29 de noviembre del 2013, que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular en RD. Efectos en Domínico-Haitianos: Privación de la Nacionalidad y Derechos Inherentes (Personalidad Jurídica, Nombre, Educación, otros). Discriminación, Expulsión y Deportación 2.7).-Fundamentos de las Medidas Adoptadas por el Tribunal Constitucional En cuanto a las consideraciones del Tribunal Constitucional sobre las medidas de soluciones adoptadas (S. TC, págs.91-97), se observa y se precisa lo siguiente: 1) La Ley No.285-04 y su Reglamento No.631-2011 derogaron la Ley No.95-1939 y su Reglamento No.279-1939, que eran una imprevisión legislativa que afectó negativamente el Registro Civil Dominicano, lo que fue solucionado por la vigente legislación regulatoria del flujo migratorio, que vino a robustecer confianza en el sistema registral. La Ley No.285-04 instituye el Consejo Nacional de Migración, para la política nacional migratoria, sobre los extranjeros “No Residentes”. 2) La Ley No.285-04 establece el Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país (Art.151). Regularizar el estatus migratorio de los extranjeros ilegales y así preservar el derecho a la igualdad, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la salud, el derecho a la familia, el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo y el derecho a la educación, entre otros. 3) La Resolución No.02-2007 de la Junta Central Electoral del 18 de abril del 2007, sobre el Libro Registro del Nacimiento de Niño(a) de Madre Extranjera No Residente en la República Dominicana (Ver Carta Magna 2010, Art.25). 4) Basado en las medidas prescritas en la Ley No.285-04, los jueces del voto mayoritario otorgan a la sentencia el efecto “inter communis” por el caso de la recurrente trascender de lo particular a lo general, para proteger los derechos fundamentales de un amplísimo grupo de personas inmersas en situaciones similares. El TC desposa a la recurrente de su nacionalidad y con este efecto, despoja a otros domínico-haitianos que están en situaciones similares. 5) El TC señala que la acción de amparo rebasa de la vulneración particular de la accionante, y el mecanismo de tutela goza de poder expansivo y vinculante para proteger los derechos fundamentales de personas ajenas al proceso y en situaciones

19 análogas. El Tribunal no se declaró auto-apoderado ni competente para conocer de la acción de amparo, sólo se limitó a conocer el recurso de revisión y rechazarlo, razón por la cual la sentencia sólo podía TENER EFECTOS INTER PARTES, no efectos INTER COMMUNIS O ERGA OMNES. 6) CONTRADICCIÓN DE MOTIVO Y DISPOSITIVO: Si el TC rechazó, en el fondo, el recurso de revisión, no podía pronunciarse sobre la acción tutelar amparista, pues ya se había desapoderado del caso. Además, el recurso de revisión tiene efecto devolutivo, retrotrae el proceso al tribunal competente, que era el Tribunal Superior Administrativo, en relación a las omisiones y acciones administrativas, y el Tribunal de Primera Instancia , en relación a la validez o nulidad del acta de nacimiento. Violación a las reglas de la competencia. 7) El efecto inter communis, expansivo y oportunista, es lo que le da carácter de acto judicial discriminatorio a la sentencia, ya que la misma incluye la intención de despojar de nacionalidad a una gran cantidad de domínico-haitianos que se encuentran en situaciones parecidas. La sentencia afectará a 16,945 casos bajo investigación y 4,836 investigados y devueltos, conforme a la Resolución No.12-2007 sobre el Procedimiento para la suspensión provisional de expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera irregular. Esto le da carácter de perjudicialmente oportuna a la sentencia. 8) Esto se ratifica con los datos estadísticos del Registro Civil ofrecidos en las páginas 39 y 40, por aplicación de la Resolución No.12-2007, que es un Acto Administrativo Discriminatorio. 9) La Circular No.17-2007 de la JCE del 29 de marzo del 2007, que instruye a las oficialías del estado civil para que examinaran con detenimiento las actas de nacimiento al expedir copias o cualquier documento relativo al estado civil de las personas, es otro acto administrativo discriminatorio. Este acto vino a ser reforzado por la Circular No.32 de la Dirección de Registro Civil del 19 de octubre del 2011, cuya aplicación fue dispuesta en el Ordinal TERCERO DE LA SENTENCIA. 10) Sobre la competencia para la reglamentación de la nacionalidad en el Derecho Interno, el TC emitió sus razonamientos sobre datos estadísticos, referentes a una determinada cantidad de extranjeros que aspiran a obtener la nacionalidad dominicana (Págs.22- 24*12 ), conforme a la siguiente Tabla: Estadística de Inmigrantes 2012 Emigrantes Porcentaje Población Nacional 524,632 5.4% 9, 716,940 Inmigrantes Haitianos Porcentaje Población de Inmigrantes 458,233 87.3% 524,632 12 Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012). Unión Europea, Fondo sobre Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

20 Inmigrantes de Otros Países Porcentaje Población de Inmigrantes 66,399 12.7% 524,632 Inmigrantes y Descendientes Porcentaje Población Nacional 768,783 7.9% 9, 716,940 De otros Países Porcentaje 100,638 1.03% De origen haitiano Porcentaje Población Nacional 668,145 La Recurrente es sólo una de éstos. 6.87% 9, 716,940 Haitianos Legalmente Registrados Total de Haitianos 11,000 0.16% 668,145 Haitianos Deportables 657,145 Fuente: Sentencia analizada. 11) Cuando los jueces del voto mayoritario razonan: “Estas cifras muestran una abrumadora prevalencia de los inmigrantes haitianos en relación con la totalidad de los inmigrantes establecidos en la República Dominicana”, los mismos están haciendo una reflexión discriminatoria dirigida a los haitianos. 12) De los 668,145 haitianos, la recurrente es sólo una, y precisan los jueces del voto mayoritario “por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a otra gran cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes, los cuales constituyen el 6.87% de la población que habita en el territorio nacional.” 13) La sentencia despojó de nacionalidad, al menos, a 657,145 haitianos y domínico- haitianos. 3).-Efectos Sucesivos a la Sentencia La sentencia analizada ha producido diferente efectos reflejados en la oposición de los organismos defensores de los derechos humanos, en debates antagónicos de expertos en materia de nacionalidad, en la oposición de los organismos internacionales, en los conflictos con la República de Haití, en la interpelación publicas de las autoridades dominicanas, en la apertura de acciones judiciales ante la CIDH, y en la acción de las autoridades estatales con diversas medidas administrativas y legislativas para defender los efectos de la referida sentencia. 3.1).-Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Nacionalidad Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Nacionalidad

21 ARTICULADO ** Art.1.-Se reconoce la nacionalidad dominicana a todas las personas nacidas en territorio nacional y que hayan sido inscritas en el Registro Civil, desde el 21 de junio de 1929 hasta el 26 de enero de 2010. Art.2.-Para los nacidos en territorio dominicano en el mismo período indicado en el artículo anterior, y que no hayan sido inscritos en el Registro Civil, el reconocimiento de su condición de dominicanos estará condicionado a que puedan probar efectivamente que nacieron en el país y que cuentan con arraigo en él. Principios Rectores Derecho de nacionalidad adquirido por ser inscrito en el Registro Civil antes del 26 de enero del 2010 (Carta Magna 2010, Art.18.2). Irretroactividad Jurídica, Retroactividad Favorable, Ultractividad Favorable, Favorabilidad Jurídica Interpretativa, Progresividad de Derecho y Seguridad jurídica (Carta Magna 2010, Arts.8, 110, 74.4). Antecedente Sentencia TC 168/13 en fecha 23 de septiembre de 2013. *Que considera que los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano no ostentan la nacionalidad dominicana si sus padres se encontraban en situación de irregularidad jurídica. Concepto de Nacionalidad Derecho fundamental que establece el primer vínculo jurídico de una persona con el Estado, de donde se deriva que su afectación implica todos los derechos relacionados con la personalidad jurídica. Efecto de Sentencia Versus Interpretación Favorable El principio de favorabilidad interpretativa de una norma constitucional se impone sobre los efectos definitivos, irrevocables y vinculantes de la sentencia del Tribunal Constitucional (Carta Magna 2010, Art.74.4 y 184). Intención del Legislador Solución Nacional al diferendo sobre la nacionalidad producido por la Sentencia del TC. 3.2).-Plan Nacional de Regularización El Estado Dominicano puso en vigencia el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular en la República Dominicana, el cual tendrá amargas consecuencias, después de que se cumpla su plazo de vigencia, toda vez que serán muchos los domínico-haitianos que serán maltratados, discriminados, deportados y expulsados del país. A continuación, se presenta una tabla que ilustra el contenido del plan. Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular en la República Dominicana Antecedentes Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del 2012. Base Legal Ley General de Migración No.285-04, del 15 de agosto de 2004. Base Judicial Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013. Base Administrativa Propuesta del Consejo Nacional de Migración del 22 de noviembre del 2013. Base Reglamentaria Decreto No.327-13 del 29 de noviembre del 2013. Plazo 18 meses (28 de febrero del 2015).

22 Fases Dos: Primera: del 1° de diciembre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014. Segunda: del 1° de junio de 2014 hasta 31 de mayo de 2015. Efectos y Medidas Repatriación voluntaria, expulsión y deportación a los extranjeros que no cumplan con los requisitos de Plan. Regularización Personal y Requisitos Acreditar identidad y demostrar arraigo familiar, económico, temporal, cultural, y social. Con factura de bienes, alquileres y otros superiores a RD$10,000.00., y otros documentos personales, actos públicos, privados y comerciales. Propiedad de bienes y domicilio estable en el país. Cuentas bancarias. Recursos Recurso de Reconsideración. Autoridades Competentes Ministerio de interior y Policía, vía la Dirección General de Migración. Ministerio de Relaciones Exteriores. Como se podrá observar, dicho plan establece las medidas administrativas de repatriación voluntaria, expulsión y deportación de los extranjeros que no cumplan con los requisitos de Plan. 3.3).-Efectos en la Opinión Pública Nacional e Internacional La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) instó a la República Dominicana a restituir la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. El Tribunal Constitucional de ese país los privó de su nacionalidad y los convirtió en apátridas. ACNUR recordó que los estándares legales internacionales establecen que el gobierno debe restituir automáticamente la nacionalidad de todos los individuos afectados por la decisión. (*13). En ese sentido, UNICEF afirmó que “la medida contradice numerosas decisiones de tribunales y de tratados de los cuales forma parte la República Dominicana, y contraviene los principios básicos de los derechos humanos”. (*14 ). Según el informe de la JCE, de los hijos de extranjeros que fueron inscritos de manera irregular en el Registro Civil, 13,677 son de descendencia haitiana. (*15 ). El “Country Reports on Human Rights Practices for 2013” precisa: En septiembre 23, el Tribunal Constitución (TC) reglamentó que los niños nacidos en el país de extranjeros en tránsito no so considerado dominicano. (*16 ). La Sentencia TC No.0168/13 del 23 de septiembre del 2013 ha generado diversos debates públicos sobre el derecho a la nacionalidad, y la oposición pública de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Por motivo de esta sentencia, la República Dominicana ha sido considerada como un Estado racista y discriminatorio de los 13 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=28184#.UymwF7KTuM8 14 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=27704#.UymyC7KTuM8 15 http://www.diariolibre.com/noticias/2013/11/07/i409987_registro-civil-dominicano-hay-847-hijos-padres-extranjeros- segn-jce.html 16 Country Reports on Human Rights Practices for 2013. United States Department of State: “On September 23, the Constitutional Tribunal (CT) ruled that children born in the country to foreigners “in transit” are not considered Dominican nationals”.

23 descendientes de raza haitiana por muchos Estados miembros de la Comunidad Internacional. Efectos en la Opinión Pública Nacional e Internacional Nacionalidad Grandes debates, discursos y conferencias sobre el derecho de nacionalidad, por el JUS SOLI y JUS SANGUINIS. Concepto de apátrida. Declaraciones Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales (CLACSO): La Sentencia TC viola los derechos humanos, diversos principios jurídicos, es una medida arbitraria, racista y xenófoba, que afecta a miles de domínico- haitianos nacidos en el territorio dominicano. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana que sienta jurisprudencia para retirar la nacionalidad dominicana a miles de hijos de inmigrantes haitianos nacidos después de 1929, bajo el pretexto de que sus padres no tienen un estatus migratorio regular. 7 de noviembre del 2013. REPORTES Departamento de Estado de los Estados Unidos: “On September 23, the Constitutional Tribunal (CT) ruled that children born in the country to foreigners “in transit” are not considered Dominican nationals. The CT’s decision was reflected in a nationality case brought by Juliana Deguis Pierre, a 29-year-old Dominican-born daughter of Haitian nationals and mother of four children.” “Country Reports on Human Rights Practices for 2013”. En septiembre 23, el Tribunal Constitucional (TC) reglamentó que los niños nacidos en el país de extranjeros “en tránsito” no son considerados nacionales dominicanos. La decisión del TC se reflejó en un caso de nacionalidad incoado por Juliana Deguis Pierre, una nativa dominicana de 29 años, hija de nacionales haitianos y madre de cuatro niños. 26 de febrero del 2014. Discurso Presidencial*17 “No tenía la intención de volver a hablar sobre el tema República Dominicana– Haití, ….que en la República Dominicana, para nosotros es inaceptable que nos quieran acusar de racistas, que nos quieran acusar de discriminación y que nos quieran acusar de violación a los derechos humanos…..Y nosotros en RD nunca hemos sido sentados en un banquillo para acusarnos de derechos humanos y por tanto no lo podemos aceptar…..Si el presidente de la República no aplica la sentencia del Tribunal Constitucional se expone, incluso, a un juicio político en el Congreso de la República por violación a la Constitución de la República”. Discurso Presidente Danilo Medina en la Reunión Ordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ( CELAC), Miércoles 29 de Enero, 2014. Por falta de pasaporte, a Juliana Deguis Pierre, se le Impide Viajar a la CIDH Los abogados de la mujer de descendencia haitiana dijeron que denunciarán las violaciones y supuestos atropellos cometidos por las autoridades dominicanas contra su defendida ante la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que se llevará a cabo en Washington. Marzo 23, 2014. TECHO: “De esta manera, es evidente que las disposiciones de la sentencia constituyen una afectación desproporcionada de una actuación estatal en perjuicio 17 http://www.listin.com.do/las-mundiales/2014/1/28/308605/Presidente-Medina-defiende-a-RD-en-la-Cumbre-de-la- Celac

24 Postura Institucional de TECHO ante la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana de un grupo específico, pues son aplicables sobre la población de ascendencia haitiana fundamentalmente. Esto constituye una forma de discriminación violatoria de las obligaciones internacionales del Estado contra una parte de la población más vulnerable y pobre del país”…… Por último, TECHO hace un llamado a la toda la población de República Dominicana y de Latinoamérica a solidarizase con los afectados por esta situación, a participar en la discusión y movilizarse a favor de la construcción de una sociedad inclusiva y comprometida con los Derechos Humanos…. Esta situación implica una falta de reconocimiento de la existencia legal plena por parte del Estado a toda esta población, ya que éste les niega uno de los atributos fundamentales de la personalidad: la nacionalidad. Este es un derecho fundamental, que habilita para ejercer todos los derechos garantizados por el Estado y para celebrar cualquier tipo de actos jurídicos: casarse, comprar una casa, acceder a las escuelas, postular a un trabajo, cotizar en un fondo de pensiones, adquirir un seguro médico, etc. La falta de reconocimiento de la nacionalidad también inhabilita a los afectados y afectadas a salir del país, porque no pueden sacar o renovar pasaporte, ni declarar a sus hijos, quienes una vez más arrastrarían esta incertidumbre y las secuelas de la situación migratoria de sus padres”*18 . Octubre, 2013. Análisis Dominican@s X Derecho Finalmente, diferentes organizaciones locales e internacionales (incluyendo las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se han pronunciado rechazando categóricamente la Sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual evidencia que “algo” anda mal. El Tribunal Constitucional puede cambiar su jurisprudencia, esperamos que lo realice conforme a derecho, hacia una vuelta a la Constitucionalidad. 4).-Interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) Conforme a la CADH, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos del ser humano reconocidos en ella, sin discriminación por motivo de raza y de otra índole (Art.1.1, 1.2.). El Estado tiene el deber de adoptar disposiciones legislativa o de otra índole en su Derecho Interno para garantizar y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos protegidos por la CADH (Art.2) Sobre el caso en cuestión, la personalidad jurídica, la nacionalidad y el nombre se encuentran protegidos por la CADH, estableciendo que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a la nacionalidad del estado en cuyo territorio nació, quedando prohibida la privación arbitraria de la nacionalidad y estableciendo que tales derechos insuspendibles (Arts.3,18, 20, 27). La CADH establece el principio de igualdad jurídica, el cual incluye la igualdad de protección legal, sin discriminación (Art.24). La CADH consagra el compromiso del Estado para adoptar providencias internas y cooperativa-internacionales, para el desarrollo progresivo de los derechos protegidos, por vía 18 Comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/073.asp).

25 legislativa u otros medios (Art.26). La CADH prohíbe toda interpretación jurídica tendente a suprimir el goce y ejercicio de los derechos inherentes al ser humano o de un grupo de persona, como sucede en el caso de la sentencia analizada, que afecta a miles de domínico- haitianos (Art.29). El Estado Dominicano reconoció como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la CIDH sobre todos los casos relativos a l

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