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Ponencia Dr. Leopoldo Múnera Ruiz: Ni nacional, ni pública, ni autónoma

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Published on March 11, 2014

Author: AvanzaUN

Source: slideshare.net

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Ponencia del Dr. Leopoldo Múnera Ruiz, Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en audiencia pública del 27 de Febrero del 2014, que da cuenta de la grave situación de democracia y autonomía en la Universidad Colombiana.
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Ni nacional, ni pública, ni autónoma Ponencia a cargo del Dr. Leopoldo Múnera Ruiz Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia Audiencia Pública, 27 de febrero del 2014. Edificio de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de Colombia- Bogotá Una vez más les agradezco a los representantes Ángela María Robledo, Wilson Arias y Carlos Amaya su interés y preocupación permanentes por la educación superior pública en Colombia. La Universidad Nacional de Colombia fue refundada en 1867 como una institución pública y nacional. No importa que este último término suene redundante si sirve para contrarrestar la desmemoria de quien irrespeta su pasado y su proyección futura. Pública, porque mediante ella el Estado central asumía la responsabilidad de financiarla, para que los jóvenes, y en general, los candidatos a ser estudiantes, que no tuvieran recursos económicos o que no quisieran ingresar a instituciones privadas o clericales, tuvieran la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad. Nacional, y no central como pretendieron algunos parlamentarios de la época, porque no era la universidad para la capital o para las capitales de los estados en esa república federal, sino la institución que debía convertirse en el eje de un ambicioso sistema educativo, el cual empezaba con la educación primaria y terminaba con la superior. La universidad revivió gracias a un sueño radical y ha vivido amenazada cada vez que los gobernantes han pretendido enajenar su naturaleza común a los intereses particulares que representan. Así fue con Núñez y Caro, con Laureano Gómez, con Rojas Pinilla y así está sucediendo ahora cuando la ideología privatizadora se disfraza detrás de políticas económicas aparentemente neutras. Los últimos gobiernos, uno tras otro, pretenden borrar el carácter público de la U.N. con discursos que nos hablan de la eficiencia económica, el aumento de la cobertura, el costo unitario por estudiante, el subsidio a la oferta o la calidad medida en términos de competencias. Mientras tanto, el déficit presupuestal sigue incrementándose como una realidad que solo puede ser negada con el cinismo derivado del uso autoritario del poder. En 2012 la U.N. empezó con un faltante para gastos de personal de

$10.000 millones. En 2014 ya va en $19.529 millones que se suman a los 23.090 millones de gastos generales, los cuales son atendidos en su totalidad con recursos propios, para un saldo en rojo en gastos de funcionamiento de 49.832 millones. Año a año la cifra aumenta ante la mira impávida de los Ministerios de Educación y Hacienda que como parte del gobierno nacional y con diferentes estrategias controlan el Consejo Superior. Valdría la pena que nos respondieran si van a dejar que la Universidad Nacional de Colombia se quiebre a causa de la desidia programada gubernamental, como han hecho administraciones anteriores con instituciones públicas en sectores tan importantes como la salud, o si como alternativa van a seguir exigiendo que hagamos crecer nuestros recursos propios hasta privatizar en todas sus expresiones este proyecto común de la historia colombiana. La crisis presupuestal de la Universidad Nacional, y de la educación superior pública en general, no se resuelve con el paliativo económico de una estampilla, cuyos recursos finales son inciertos e insuficientes para sus necesidades. La financiación pública de la educación superior colombiana no puede depender de la aparente generosidad de los funcionarios de turno, pues es un derecho inalienable de cada uno de nosotros como colombianos y colombianas y del conjunto de la población. Así se pretenda negarlo insistentemente. El carácter nacional también tiende a diluirse en medio de exámenes de admisión inspirados en un equivocado elitismo académico que oculta el social y económico que lo sustenta. El Estado colombiano le ofrece a los sectores de la población con menores recursos económicos una educación básica y media de calidad baja y luego le niega a la mayoría el ingreso a las instituciones de educación superior como la Universidad Nacional, porque no está capacitada para hacerlo. Por consiguiente, obliga a quienes no se ven forzados a trabajar tiempo completo al abandonar la educación media o terminar el bachillerato, a cursar sus estudios en instituciones privadas, cuya calidad es incapaz de asegurar, o en centros que los preparan para tareas específicas y les dan títulos de técnicos y tecnólogos. Nuestros estudiantes cada vez vienen menos de las regiones sin alternativas de formación, donde el sistema educativo en su totalidad debería estar presente en primer lugar, y más de las capitales donde hay sedes con recursos insuficientes. La ausencia absoluta de políticas públicas de bienestar estudiantil condena a la mayoría de los jóvenes a

renunciar a la educación superior o los obliga a participar en ella en condiciones vitales muy difíciles. La proyección nacional de la U.N. termina de refundirse ante la inexistencia de un conjunto articulado y coherente de instituciones de educación superior que pueda responder a las necesidades de los estudiantes presentes y futuros con universidades e institutos técnicos y tecnológicos públicos y de calidad. Dedicada a su propia sobrevivencia, la Universidad Nacional tiende a ser encerrada en sus campus, con la complicidad de administraciones indolentes frente a las ciencias sociales y las humanidades y a los temas que estos campos de conocimiento trabajan. ¿Tendremos en los años próximos la posibilidad de contribuir efectivamente, como comunidad académica, a la formulación de una política pública y una ley de educación superior para la mayoría de la población colombiana, con una calidad garantizada por nosotros mismos, o estamos destinados a ser el coro, que solo participa en una forma selectiva y subordinada, en la adopción de medidas que pretenden institucionalizar el actual caos como un nuevo orden? Desde los primeros años de la universidad, a mediados del siglo XIX, Manuel Ancízar comprendió que el poder político representado en el Estado, como administrador de las finanzas públicas, debía garantizar los recursos económicos necesarios para el buen funcionamiento de la educación superior en el país, pero al mismo tiempo estaba obligado a respetar la autonomía académica, para poder ofrecerle a la sociedad el acceso a un conocimiento pluralista e independiente. Por tal razón, con una dignidad enorme, hoy olvidada, renunció a la Rectoría en 1870 ante sus propios copartidarios, quienes pretendían imponerle a los estudiantes textos obligatorios con una clara orientación ideológica. Casi ciento cincuenta años después y a pesar de la Reforma de Córdoba, que tuvo tan poco eco en un país donde prevalece una visión tan restringida de la democracia, las comunidades académicas que conforman la Universidad Nacional de Colombia continúan siendo tratadas como menores de edad, a pesar de que son las únicas que pueden garantizar dentro de la institución, como sucede en otras universidades públicas en América Latina y el mundo, el acceso indiscriminado al conocimiento científico, artístico y profesional, y proyectarlo nacionalmente. En el gobierno de la Universidad Nacional, la representación mayoritaria

de dichas comunidades, que son reconocidas como las más sólidas del país, es negada sistemáticamente, mediante mecanismos políticos que imponen la visión gubernamental y la particular de académicos que no responden a los intereses diversos de los estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. Incluso, la libertad de cátedra es cada vez más lejana, dentro de una institución heterónoma donde los docentes tienen que ser gestores privados de sus propios proyectos o convertir sus actividades en una fuente de recursos propios para la universidad. En medio de la angustias cotidianas, incluida la academia itinerante forzada por falta de las mínimas condiciones físicas e infraestructurales para realizar nuestras actividades docentes, investigativas y de relación con otros sectores de la sociedad, muchos miembros de la Universidad Nacional sentimos desconocido totalmente nuestro derecho a la autodeterminación como comunidad. El cual, además, es sistemáticamente recortado en lo académico, mediante la imposición de políticas públicas en cuyo diseño no participamos y de criterios de distribución de los recursos financieros que atentan contra la calidad de la educación superior. En forma retórica se sostiene desde el Ministerio de Educación que la universidad pública debe formar ciudadanos y sujetos libres, mientras, al mismo tiempo, en la práctica, se les niega a sus miembros la posibilidad de ejercer con libertad su ciudadanía y sus diferentes subjetividades. La Universidad Nacional de Colombia, con su heteronomía y dependencia, está dejando de ser pública y nacional, bajo el predominio de políticas fiscales que desconocen la prioridad de la inversión social sobre otros gastos públicos; de una ideología empresarial que se ha instalado en el Estado; de visiones segmentadas y jerarquizadas de la sociedad colombiana, y de mecanismos autoritarios de poder. Con este cambio de carácter y con el de todas las demás instituciones de educación superior pública se incrementan las diferencias sociales y se aleja cada vez más la igualdad de oportunidades y posiciones para la mayor parte de los colombianos y las colombianas. ¿Podemos soñar con una convivencia pacífica en el país cuando le negamos a la mayoría de la población el acceso indiscriminado y autónomo a los bienes y espacios comunes de la sociedad colombiana?

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